El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha valorado positivamente el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para la regularización de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, al considerar que viene a dar respuesta a una realidad que en muchos municipios de España se había convertido en “extraordinariamente difícil”.
Según ha señalado, el decreto aborda la situación de miles de personas que ya estaban trabajando, utilizando servicios públicos, acudiendo a servicios sociales o escolarizando a sus hijos, pero que se encontraban con el obstáculo de la falta de legalización. En este sentido, Argüello ha subrayado que la medida supone un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para contribuir al bien común.
No obstante, el presidente del episcopado ha apuntado que esta regularización podría haberse aprobado hace meses, tal y como reclamaron en su momento las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular que defendía esta medida ante el Congreso de los Diputados y la Administración. A su juicio, la aprobación llega ahora en un contexto de “oportunidad política” que ha facilitado su avance.
Argüello ha destacado también el papel de la sociedad civil organizada, señalando que este decreto supone un reconocimiento a la colaboración entre entidades eclesiales y colectivos de otros ámbitos, con distintas formas de pensar y vivir, que han confluido en una apuesta común por la regularización desde la defensa del bien común y el principio de subsidiariedad.
Pese a la valoración positiva del decreto, ha advertido de que el desafío de la integración de las personas inmigrantes continúa abierto. Entre los retos pendientes ha mencionado la integración cultural y la necesidad de una regulación ordenada de los flujos migratorios, un objetivo que, según ha señalado, difícilmente podrá alcanzarse sin un acuerdo a nivel de la Unión Europea.
Con todo, Argüello ha invitado a “alegrarse” por el paso dado, al permitir que muchas personas que ya estaban trabajando puedan iniciar ahora un proceso de regularización y contribuir plenamente a la sociedad, también a través de sus cotizaciones, con la expectativa de que este camino desemboque en un reconocimiento efectivo de su dignidad y pertenencia social.
