En este texto, publicado hoy en el medio digital francés Lesalonbeige, se analiza la reciente negativa de la Comisión Europea a financiar a la Federación de Asociaciones Familiares Católicas Europeas y su coincidencia con la aprobación en Estrasburgo de una resolución sobre la financiación de abortos transfronterizos, así como las implicaciones políticas y sociales que se derivan de estas decisiones.
La decisión de la Comisión Europea de no conceder fondos a la Federación de Asociaciones Familiares Católicas Europeas (FAFCE) ha provocado la reacción del grupo Patriots en el Parlamento Europeo, que se prepara para un enfrentamiento con el Ejecutivo comunitario. La FAFCE ha advertido en los últimos días de que, sin financiación europea o donaciones equivalentes por un importe de 150.000 euros, no podrá continuar con sus proyectos en curso y se verá obligada a despedir a parte de su personal, lo que reducirá su presencia en los debates a nivel europeo.
Este conflicto se produce en paralelo a la aprobación en Estrasburgo de una resolución sobre la financiación de abortos transfronterizos, cuyo coste recaería en el conjunto de los contribuyentes. La mayoría del Parlamento Europeo respaldó un texto no vinculante derivado de la iniciativa ciudadana «Mi voz, mi elección: por un aborto seguro y accesible», que pide ampliar el acceso al aborto en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La iniciativa, apoyada por más de 300 organizaciones y que ha recogido 1,2 millones de firmas, propone cubrir los gastos de desplazamiento de las mujeres que se vean obligadas a viajar a otro país para abortar.
Según el texto aprobado, la Comisión Europea debería crear un mecanismo financiero facultativo y voluntario para ayudar a los países a proporcionar servicios de aborto a las mujeres que no pueden acceder a ellos en su propio Estado y deciden acudir a otro donde esta práctica sea legal. Este apoyo al aborto implica, por tanto, una financiación significativa. Los obispos de la COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea) denunciaron este aspecto en una declaración publicada el martes 16 de diciembre, víspera de la votación en el Parlamento Europeo.
La resolución fue aprobada por 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones. Todos los eurodiputados presentes de los partidos italianos de centroderecha votaron en contra, con la excepción de Caterina Chinnici, de Forza Italia. En cambio, todos los eurodiputados liberales, socialistas, del Movimiento Cinco Estrellas y de la izquierda votaron a favor del texto. La Conferencia Episcopal Italiana, presidida por el Cardenal Matteo Zuppi, queda así ante un escenario político en el que las fuerzas que apoyan el aborto han respaldado explícitamente el mecanismo propuesto.
En este contexto, la negativa de la Comisión a financiar a la FAFCE ha sido interpretada por los Patriots como un signo de marginación de las asociaciones que sitúan a la familia en el centro de su acción social. La vicepresidenta del grupo Patriots, la eurodiputada húngara Kinga Gál, y el eurodiputado de la Liga, Paolo Borchia, han presentado ya preguntas parlamentarias en las que cuestionan los criterios de evaluación utilizados por la Comisión y preguntan a Bruselas cómo piensa afrontar el declive demográfico en Europa si excluye a organizaciones pro-familia de los programas de financiación.
Los Patriots enmarcan este caso en un debate más amplio sobre el uso de los fondos públicos europeos. Señalan el contraste entre el rechazo de financiación a grupos pro-familia y la ausencia de cuestionamiento público sobre los recursos destinados en los últimos años a organizaciones LGBT, pro-aborto y medioambientales. Según esta crítica, la Comisión habría dejado de actuar como «guardiana de los tratados» para convertirse en una intérprete cada vez más ideológica, subordinando el pluralismo recogido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea a una visión única de las políticas sociales y de derechos.
