La Santa Sede ha publicado el nuevo Reglamento General de la Curia romana, aprobado por el Papa León XIV, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El Papa León XIV ha aprobado el nuevo Reglamento General de la Curia Romana, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026 y tendrá una vigencia de cinco años ad experimentum. Este texto supone una transformación integral del sistema curial, abarcando desde su estructura administrativa hasta el régimen documental. De este modo, se cierra un ciclo iniciado en 2022 durante el pontificado de Francisco, cuando se ordenó revisar todo el marco normativo para adecuarlo a Praedicate Evangelium.
Entre las novedades más destacadas figura la separación de las normas administrativas, laborales e institucionales en dos documentos distintos: el Reglamento General y el Reglamento del Personal. Esta división persigue una organización más clara y profesional, acorde con los estándares actuales de administración pública, y responde a las críticas sobre la opacidad y desorden burocrático que caracterizaron etapas anteriores. Asimismo, se ha revisado el uso de las lenguas oficiales; ya no es obligatorio redactar los actos "de regla" en latín, sino que se permite emplear italiano, inglés, francés u otras lenguas modernas sin necesidad de justificación. Esta medida apunta a una mayor accesibilidad y modernización en la comunicación interna de la Santa Sede.
El nuevo Reglamento introduce un derecho fundamental para los fieles: toda petición dirigida a la Santa Sede debe ser registrada, asignada a un responsable y recibir respuesta. Así se elimina el silencio institucional que durante años favoreció maniobras internas poco transparentes.
Por otra parte, la Secretaría de Estado recupera su centralidad —que había quedado debilitada durante el pontificado de Francisco— mediante la obligación de compartir documentos entre dicasterios y gestionar coordinadamente competencias múltiples. Este cambio pretende convertir a la Curia en un organismo integrado y jerárquicamente ordenado. La reforma también contempla la implantación de un sistema administrativo moderno que exige motivación jurídica para cada acto, establece un procedimiento interno para recursos y crea un archivo único digital. Estas medidas buscan garantizar que los actos curiales sean más verificables y menos arbitrarios.
Por primera vez se establece un sistema obligatorio de archivación digital junto con la clasificación de actos reservados en tres niveles, lo que representa un avance decisivo desde una estructura analógica hacia una administración digitalizada. Además, se impone formación permanente obligatoria, evaluaciones periódicas del desempeño y criterios éticos vinculados al Reglamento del Personal.
En conjunto, esta reforma no supone solo una actualización técnica sino una refundación institucional que transforma a la Curia en un organismo funcional, conectado y transparente. El Papa León XIV solicitó revisar y perfeccionar diversos pasajes antes de otorgar su aprobación definitiva, señalando así una dirección clara hacia una Curia más ordenada y responsable.
