Se abren diligencias preliminares contra el obispo de Córdoba por una denuncia de 2024

La Audiencia de León ordenó en marzo de 2025 reabrir la investigación de una denuncia presentada por un sacerdote contra el actual obispo de Córdoba, Jesús Fernández, a quien atribuye haberlo obligado, durante su etapa al frente de la diócesis de Astorga, a convivir en condiciones perjudiciales para su salud. El obispo no ha sido imputado y la denuncia se refiere exclusivamente a decisiones pastorales recientes, no a hechos de abusos ni encubrimientos del pasado.

El denunciante, que actúa bajo el seudónimo “Juan Bautista”, afirma que en 2022 fue alojado por orden del obispo en un piso de la diócesis junto a una persona cuya conducta —según sostiene— le resultó nociva, agravando su estado psicológico. Alega haber informado a Jesús Fernández y aportado pruebas de esa situación, sin que se adoptaran medidas, lo que le llevó a presentar la denuncia ante el juzgado número 1 de Astorga.

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El sacerdote afirma que convive desde hace décadas con secuelas de abusos sufridos en su juventud en el seminario de Astorga, y que la convivencia impuesta con dicho individuo supuso una revictimización. Entre otras cosas, lo acusa de un presunto delito de perturbación de la vivienda con resultado de daños psíquicos. No hay constancia de que la denuncia implique al obispo en los abusos del pasado, ni de que se le atribuya encubrimiento directo de aquellos hechos.

La causa judicial fue archivada provisionalmente sin práctica de diligencias, pero en marzo de 2025 la Audiencia de León ordenó su reapertura por considerar precipitado el archivo. El denunciante y su antiguo compañero de piso ya han declarado, y el juzgado deberá decidir si convoca a otros testigos, incluido el obispo y el ecónomo de la diócesis leonesa.

Paralelamente, en octubre de 2024 el sacerdote presentó una denuncia canónica a través de la nunciatura apostólica. Según la diócesis de Córdoba, fue remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y archivada en diciembre de ese mismo año, tras investigación. El denunciante afirma no haber recibido comunicación oficial del resultado.

Entre los hechos mencionados en su denuncia figura también el caso de un antiguo seminarista de Astorga, que no fue ordenado sacerdote pero que años después fue condenado por delitos sexuales en Barco de Valdeorras. El denunciante sostiene que los responsables eclesiásticos conocían sus antecedentes, pero este extremo no ha sido acreditado en sede judicial ni por las autoridades canónicas.

La diócesis de Córdoba ha declarado que no consta ninguna otra denuncia relacionada con estos hechos y ha reiterado que “el propósito de la Iglesia es acoger, escuchar y acompañar a cualquier persona en cualquier circunstancia de su vida”.