Los eurodiputados cuestionan la ICE del aborto por “turismo del aborto” y soberanía
En este texto se analizan las advertencias trasladadas al Parlamento Europeo sobre las implicaciones políticas, jurídicas y éticas de la Iniciativa Ciudadana Europea My Voice, My Choice y el riesgo de que derive en un turismo de aborto financiado con fondos de la Unión Europea.
La audiencia celebrada el 2 de diciembre en el Parlamento Europeo sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) My Voice, My Choice, traducida como “Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible”, ha desencadenado un intenso debate político y jurídico en torno a las competencias de la Unión Europea y al alcance de los Tratados. La iniciativa solicita a la Comisión Europea que presente o promueva una norma que garantice que todas las mujeres de la UE, con independencia del país de residencia, tengan acceso a un aborto seguro, legal y asequible. Para ello, propone crear un mecanismo europeo que financie la movilidad de mujeres que deseen abortar en otros Estados miembros.
La propuesta fue recibida con fuertes críticas por parte de numerosos eurodiputados y organizaciones civiles. Entre estas últimas destacó la Federación Europea ONE OF US, representada en España por la Fundación Jérôme Lejeune, que alertó de un posible “turismo del aborto” financiado por la UE y de los riesgos que, a su juicio, la iniciativa entraña para la democracia europea, la soberanía de los Estados miembros y el respeto a los Tratados de la Unión. La audiencia fue organizada de forma conjunta por las comisiones de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM), Peticiones (PETI), Libertades Civiles (LIBE), Salud Pública (SANT) y Desarrollo (DEVE), y contó con la participación de representantes de varios grupos políticos y de la comisaria Hadja Lahbib.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONAMientras los promotores de My Voice, My Choice defendían el mecanismo financiero propuesto, buena parte de los eurodiputados expuso sus reservas sobre las implicaciones legales, éticas y sociales de la iniciativa, a la que algunos calificaron directamente como una forma de “turismo del aborto” con financiación europea. ONE OF US, surgida de la ICE más apoyada en la historia de la Unión con 1,89 millones de firmas, sostuvo que la propuesta pretende legislar en un ámbito que no es competencia de la UE y que el uso de fondos europeos para financiar abortos vulneraría la soberanía jurídica de los Estados miembros y causaría “un daño importante” al proceso de integración europea.
Desde el inicio de la sesión, varios eurodiputados recordaron el respaldo ciudadano obtenido por ONE OF US. Paolo Inselvini (ECR, Italia) subrayó que “ninguna otra iniciativa ha movilizado tanto a los ciudadanos”, destacando la dimensión del apoyo a la protección del embrión humano. Uno de los argumentos más repetidos fue la supuesta incompatibilidad de My Voice, My Choice con los Tratados europeos. El luxemburgués Fernand Kartheiser afirmó que los Tratados “defienden el derecho a la vida” y que, si la Comisión Europea atendiera la solicitud, “violaría directamente el derecho europeo”. En la misma línea, el croata Tomislav Sokol (PPE) sostuvo que el aborto “no forma parte de los Derechos Humanos” y que “ningún tratado internacional lo reconoce como tal, por lo que la Unión Europea no puede financiarlo”.
Para varios diputados, permitir que la UE asuma competencias en materia de aborto supondría una vulneración del principio de subsidiariedad. El esloveno Matej Tonin (PPE) y la eslovaca Miriam Lexmann (PPE) coincidieron en que ningún instrumento financiero europeo debe “vulnerar la soberanía de los Estados miembros” ni ejercer presión para modificar legislaciones nacionales. Laurence Trochu (ECR, Francia) advirtió de que la propuesta “sobrepasa claramente las competencias europeas y viola la autoridad soberana de los Estados miembros”. Otra preocupación recurrente fue el impacto sobre países con normativas más restrictivas en esta materia.
Varios eurodiputados reclamaron además transparencia sobre la financiación de la campaña My Voice, My Choice. Inselvini cuestionó si la iniciativa reflejaba realmente la voluntad ciudadana, mientras que la española Margarita de la Pisa (PfE) denunció que “está financiada por organizaciones que se benefician del negocio del aborto, como Planned Parenthood” e insistió en que los derechos de las mujeres incluyen la protección de la maternidad, pidiendo a los promotores “no atacar a quienes la defienden”. Incluso parlamentarios favorables al aborto, como la polaca Mirosława Nykiel (PPE), expresaron reservas por la falta de claridad financiera y denunciaron presiones para que algunos diputados no manifestaran posiciones discrepantes.
ONE OF US advirtió también de que la iniciativa podría facilitar el aborto selectivo por discapacidad, en contradicción con el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, lo que, según la federación, reforzaría prácticas de carácter eugenésico. La organización defendió que las mujeres en Europa necesitan políticas de apoyo real a la maternidad, como medidas económicas, atención médica adecuada, recursos de conciliación y protección laboral, y sostuvo que “demasiadas mujeres abortan bajo presión, no por elección”, por lo que considera prioritario ofrecer alternativas y acompañamiento.
El presidente de ONE OF US, el profesor Tonio Borg, afirmó que la audiencia estuvo marcada por “fuertes reivindicaciones ideológicas” y recordó que los Tratados europeos fijan límites claros a las competencias de la UE. “Las cuestiones relativas a la vida pertenecen a los Estados miembros, no a Bruselas”, declaró. En esta línea, ONE OF US pide a las instituciones europeas que rechacen la propuesta de My Voice, My Choice, respeten los Tratados y protejan tanto el Estado de derecho como la autoridad democrática de los Estados miembros, priorizando políticas de apoyo a las mujeres embarazadas, de defensa de las personas con discapacidad y de garantía de la dignidad humana. Como ICE más respaldada de la historia, la federación reclama que se escuche la voluntad de los ciudadanos europeos y que las decisiones de la UE se basen en el derecho y no en la ideología.
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