Los obispos británicos: las nuevas leyes de asilo violan el Evangelio
Caritas Social Action Network denuncia que las nuevas normas de asilo del gobierno británico vulneran la dignidad de las personas refugiadas y contradicen los valores evangélicos.
La agencia social de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha criticado con firmeza los recientes anuncios del gobierno del Reino Unido sobre los derechos de las personas solicitantes de asilo a permanecer en el país. Tras la publicación el mes pasado de las nuevas propuestas gubernamentales, Caritas Social Action Network (CSAN) difundió el 17 de diciembre un comunicado en el que afirmaba que las nuevas normas relativas a quienes piden asilo eran “incompatibles con el Evangelio y con la enseñanza de la Iglesia Católica”.
En la legislación actual del Reino Unido, las personas que sufren persecución en su país de origen tienen derecho a cinco años de estatus de refugiado y, al término de ese periodo, pueden solicitar un permiso indefinido para permanecer en el país. Sin embargo, para controlar el número de personas que se asientan en el Reino Unido, el gobierno del Partido Laborista ha anunciado que este periodo de protección se reducirá a 2,5 años y que los individuos podrían ser devueltos a su país de origen si posteriormente se considera “seguro”. Además, deberán volver a solicitar su estatus protegido cada 2,5 años para conservarlo.
Ayúdanos a mantener vivo este proyecto: DONASi se ratifican las nuevas propuestas, las personas refugiadas también tendrán que esperar hasta 20 años, en lugar de cinco, para obtener el derecho indefinido a permanecer en el Reino Unido. La lista de empleos que dan acceso a un visado de trabajador cualificado ya se ha reducido, una política que entró en vigor en julio. El comunicado de CSAN expresó su “grave preocupación” por los planes relativos a las personas solicitantes de asilo.
Según el texto, “las políticas propuestas cuadruplicarían la espera antes de que quienes tienen estatus de refugiado puedan acceder a un asentamiento permanente, de cinco a 20 años, agravando el estrés y la incertidumbre que sufren las personas que intentan reconstruir sus vidas en el Reino Unido. Solo algunas de las que trabajan o estudian podrían acceder a una vía más rápida hacia el asentamiento, pero plagada de incertidumbre y con fuertes penalizaciones ante cualquier dificultad que afronten”.
El comunicado añadía: “Al poner fin al derecho a la reagrupación familiar —una de las pocas vías seguras disponibles—, el gobierno separará a los seres queridos y obligará a las personas a emprender viajes más arriesgados para reunirse, poniendo en peligro más vidas”.
El texto de CSAN continuaba: “Al incrementar las expulsiones forzosas de adultos y familias, el gobierno desplazará aún más a las personas de sus comunidades y revertirá una década de trabajo para reducir el número de personas sometidas a la práctica dañina de la detención de inmigrantes, incluidos menores. Como vimos en el escándalo ‘Windrush’, en el que se detuvo y expulsó a ciudadanos británicos procedentes de países de la Commonwealth, centrarse en aumentar el número de personas expulsadas pone en riesgo el acceso a la justicia, con consecuencias devastadoras para las vidas humanas. “Y al eliminar el derecho a las redes de seguridad frente a la indigencia, el gobierno empujará a las personas y familias en movimiento a la situación de sinhogarismo, las dejará vulnerables a la explotación y al abuso, y las despojará de su dignidad”.
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