Arizona amenaza con cárcel a sacerdotes que mantengan el secreto de confesión

Arizona amenaza con cárcel a sacerdotes que mantengan el secreto de confesión

Un proyecto de ley presentado en Arizona plantea imponer multas de hasta 150.000 dólares y penas de hasta dos años de cárcel a sacerdotes católicos que no revelen información conocida en confesión sobre un supuesto “abuso en curso” o incluso la mera “amenaza” de abuso.

La propuesta, identificada como House Bill 2309, obligaría a los sacerdotes a informar cuando, en el confesionario, tengan conocimiento de “abuso en curso” o de la “amenaza” de abuso. El texto prevé que quien no cumpla pueda ser declarado culpable de un delito grave de clase 6, con sanciones que incluyen multas de hasta 150.000 dólares y hasta dos años de prisión por una primera infracción.

Según el artículo, el proyecto también abre la puerta a penas de cárcel de varios años para los sacerdotes que, por seguir el Derecho Canónico y la disciplina de la Iglesia Católica, continúen sin revelar lo escuchado en confesión. El texto recuerda que un sacerdote que quebrante el secreto sacramental incurre en excomunión automática. Además, la iniciativa exige al clero anticipar lo que podría ocurrir en el futuro.

Aunque aparenta reconocer un “privilegio clérigo-penitente”, este no se aplicaría si “el miembro del clero, un practicante de Christian Science o un sacerdote determina que el abuso o la negligencia todavía está ocurriendo o ocurrirá en el futuro”. El artículo presenta este proyecto como el intento más reciente de la demócrata Stacey Travers de sancionar a sacerdotes que se nieguen a vulnerar el secreto de confesión. Señala que Travers ya presentó una propuesta similar en 2023, que finalmente decayó.

LifeSiteNews indica que el lunes llamó a la oficina de la representante y también le envió un correo electrónico con preguntas sobre la propuesta. Entre ellas, si un experto en libertad religiosa revisó el texto, especialmente a la luz de una ley parecida en Washington que fue revocada tras una resolución federal. Según el medio, Travers no respondió a esa cuestión ni a otras sobre contactos con líderes católicos. LifeSiteNews también preguntó por posibles dificultades legales del proyecto, teniendo en cuenta recientes fallos del Tribunal Supremo favorables a la libertad religiosa, como una decisión de junio de 2025 que protegió el derecho de los padres a excluirse de currículos escolares sexualizados.

En relación con el precedente de Washington, el texto recuerda que en julio un juez federal bloqueó una norma similar, que recibió críticas de obispos católicos, católicos ortodoxos y del Departamento de Justicia. El juez David Estudillo concluyó: “No hay duda de que SB 5375 carga el libre ejercicio de la religión de los demandantes”. Y añadió: “En situaciones en las que los demandantes escuchan confesiones relacionadas con abuso o negligencia infantil, SB 5375 los coloca en la posición de cumplir con los requisitos de su fe o violar la ley”. Según el artículo, el estado aceptó posteriormente en octubre revocar la ley para poner fin al litigio.

LifeSiteNews señala que contactó con la Arizona Catholic Conference, que representa a católicos romanos y católicos bizantinos, para preguntar si había planes para oponerse al proyecto o abordar el asunto con Travers. Indica que el director ejecutivo, Ron Johnson, estaba fuera de la oficina el lunes cuando se le escribió por correo electrónico, y que un mensaje posterior a Johnson y a un asistente legislativo no obtuvo respuesta el martes por la mañana. El medio añade que el martes por la tarde llamó a la asistente legislativa ejecutiva Carolina Escarcega, sin que esta atendiera la llamada.

El artículo recoge la valoración de un líder católico que criticó el proyecto y afirmó que, si se aprueba, se encamina a un desenlace judicial adverso. También sostuvo que el historial de voto izquierdista de Travers explicaría su animadversión hacia los católicos.

El director ejecutivo de la Catholic Action League.

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Hugo Fuentes
Ayer
Este proyecto de ley en Arizona es una grave amenaza a la libertad religiosa y al secreto de confesión, que es inviolable en nuestra fe. Si se aprueba, ¿quién protegerá el derecho de los sacerdotes a cumplir con su deber sacramental frente a una intromisión estatal tan abusiva?
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