En febrero de este año, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a lo que considera un uso ideológico y hostil del aparato del Estado contra el cristianismo. Según denunció, durante la etapa de Joe Biden se habría consolidado una dinámica de acoso a cristianos pacíficos, mientras se minimizaban o ignoraban actos de violencia claramente anticristianos.
El objetivo declarado de esta orden es corregir ese sesgo y restablecer la neutralidad del Gobierno federal frente a la fe cristiana. Trump sostiene que, bajo la administración anterior, se persiguió judicialmente a creyentes que actuaban de forma pacífica —especialmente en el ámbito provida— al tiempo que se toleraban ataques contra iglesias y organizaciones religiosas.
Entre los casos más llamativos se encuentran los de cerca de dos docenas de activistas cristianos procesados por rezar o manifestarse ante clínicas abortivas. Entre ellos había perfiles tan diversos como un sacerdote católico, una mujer de edad avanzada o un padre de familia numerosa. El presidente afirmó haber corregido esta situación mediante indultos concedidos a comienzos de 2025.
Mientras tanto, durante esos mismos años, templos católicos y entidades provida fueron objeto de más de un centenar de ataques, sin que el Departamento de Justicia actuara con la misma contundencia. A ello se sumó la polémica actuación del FBI en 2023, cuando llegó a insinuar que ciertos sectores del catolicismo tradicional podían constituir una amenaza para la seguridad nacional.
Trump ha sido tajante al denunciar que el sistema judicial fue utilizado para expulsar la fe del espacio público, mediante procesos penales federales y condenas severas contra cristianos cuyo único “delito” fue rezar o expresar públicamente sus convicciones.
Esta defensa no se limita al ámbito interno de Estados Unidos, sino que se proyecta también sobre el escenario internacional, donde la persecución religiosa alcanza niveles dramáticos.
Donald Trump condenó hace una semana la persecución de comunidades cristianas en Nigeria y pide medidas internacionales urgentes. Emitió una declaración en la que manifiesta su profunda preocupación por la creciente violencia y persecución contra las comunidades cristianas en Nigeria. Subrayó incluso la necesidad de una acción militar internacional para proteger a las minorías religiosas y garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales en la región.
El expresidente aprovechó asimismo para criticar la falta de reacción de algunos gobiernos occidentales ante lo que calificó como “una de las tragedias más silenciadas del siglo XXI”, reiterando su compromiso de defender los valores cristianos en todo el mundo.
Este posicionamiento refuerza una idea central de su política: la libertad religiosa no es un asunto privado ni local, sino un derecho fundamental que debe ser defendido sin complejos, también cuando resulta incómodo para la diplomacia internacional.
La política impulsada por Trump sitúa explícitamente la fe dentro del marco de la libertad de expresión. En este sentido, su administración autorizó en verano las manifestaciones públicas de símbolos cristianos, como la cruz o referencias explícitas a Cristo, sin temor a represalias administrativas.
Los empleados federales ya no deberían sentirse obligados a ocultar sus creencias ni a disculparse por ellas. La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos ha dejado claro que la recuperación de estos derechos forma parte de un esfuerzo más amplio por eliminar un sesgo anticristiano profundamente arraigado en las instituciones públicas.
En un memorándum titulado Protección de la expresión religiosa en el lugar de trabajo federal, la OPM recordó que la libertad religiosa no es una concesión moderna, sino un pilar fundacional de Estados Unidos. Garantizar que los funcionarios puedan practicar su fe sin miedo a represalias no es una anomalía, sino una exigencia básica del propio sistema democrático estadounidense.
El documento aclara además que no toda opinión o preferencia personal puede considerarse una creencia protegida por la ley. Quedan fuera de esa protección las ideologías políticas, sociales o económicas, así como percepciones subjetivas, sensibilidades identitarias o construcciones activistas recientes. La OPM introduce así una distinción elemental entre convicciones religiosas y agendas ideológicas.
Del mismo modo, se establece que las prácticas religiosas durante el horario laboral pueden estar razonablemente limitadas si interfieren con el desempeño del trabajo. Este criterio se aplica de forma general y coherente, tanto a prácticas religiosas como a sesiones ideológicas obligatorias promovidas en años recientes bajo fórmulas como la formación en sesgos implícitos.
Las nuevas directrices permiten expresamente la presencia de objetos religiosos en el entorno laboral: Biblias, cruces, iconos, menorás, mezuzás, carteles u obras de arte. Ningún empleado puede ser sancionado por exhibirlos.
También se reconoce el derecho a hablar abiertamente de la propia fe, incluso con la intención de persuadir a otros, siempre que no exista acoso. Del mismo modo, quedan protegidos quienes deciden no participar en este tipo de conversaciones.
La OPM insiste en que el derecho a la libertad de expresión no se pierde por el hecho de trabajar para el Gobierno. Los empleados federales pueden expresar sus convicciones religiosas en cualquier contexto, sin que su condición laboral suponga una restricción adicional.
Estas directrices suponen, en la práctica, una rectificación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión impulsadas en 2021 por la administración Biden, que priorizaron agendas identitarias y convirtieron las instituciones públicas en espacios ideológicamente vigilados. Frente a ese modelo, Trump plantea una vuelta a los derechos fundamentales, comenzando por la libertad religiosa.
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